La reforma aprobada por el Gobierno español genera incertidumbre y omite mejoras fundamentales para garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Las cinco entidades sociales que forman la alianza –Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes– han manifestado que la reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde este 20 de mayo, sigue teniendo margen de mejora y puede provocar graves consecuencias para miles de personas.
Aunque durante el proceso de reforma presentaron propuestas concretas, muchas de ellas no fueron aceptadas. Destacan especialmente dos: facilitar la reagrupación familiar y permitir el acceso a documentación a personas sin pasaporte, medidas clave para proteger a colectivos en situación de vulnerabilidad.
Avances reconocidos, pero carencias graves
Se reconocen algunos avances, como la flexibilización de los requisitos del arraigo social, que permitirá solicitar el permiso tras solo dos años de residencia irregular, y la figura del arraigo para la formación, que permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación, y posteriormente acceder a un permiso de trabajo con una oferta laboral. Sin embargo, se mantiene la necesidad de vivir al menos dos años en situación irregular, con todo lo que ello implica a nivel personal y social.
Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de las personas solicitantes de asilo, especialmente quienes vean denegada su solicitud o hayan decidido desistir. Con la nueva regulación, el tiempo vivido de forma regular durante el proceso de solicitud no contará para acceder a futuros permisos por arraigo. Esto obligará a miles de personas a esperar dos años más, sumidas en la irregularidad.
Falta de previsión y de seguridad jurídica
Las organizaciones critican la falta de planificación por parte del Gobierno español, que no ha habilitado con antelación los recursos organizativos ni ha ofrecido orientaciones claras. Esto ha generado parálisis e incertidumbre en la vida de miles de personas que deben tomar decisiones trascendentales sin garantías.
Aunque el Ministerio de Inclusión publicó el 13 de mayo dos instrucciones interpretativas sobre el arraigo y el nuevo estatuto de familiares de españoles, estas han llegado tarde y no ofrecen seguridad jurídica suficiente.
Una ILP como vía justa y necesaria
Por último, las entidades sociales insisten en la necesidad de reactivar y aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria. Esta medida permitiría garantizar derechos a miles de personas que ya viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad.
